La minería ilegal en el estado Bolívar ha sido señalada durante años como una de las principales fuentes de ingresos de estructuras criminales que operan en la región, diversas denuncias han advertido sobre la existencia de redes de corrupción que obtienen ganancias del oro extraído de manera irregular y que presuntamente utilizan mecanismos como rifas y sorteos para legitimar fondos de origen ilícito.
Asimismo, organizaciones y expertos en la materia han alertado que parte de estos recursos terminarían financiando grupos armados y bandas criminales que mantienen el control de zonas mineras, generando violencia, desplazamientos y graves violaciones de derechos humanos.
La situación ha convertido al Arco Minero y a distintas áreas del estado Bolívar en un foco de preocupación nacional e internacional, debido a las denuncias sobre explotación ilegal de recursos, destrucción ambiental y la participación de actores vinculados al poder político y militar.
Diversos sectores exigen investigaciones independientes y transparentes que permitan determinar responsabilidades y desmantelar las estructuras que se benefician de la explotación ilegal del oro y del presunto lavado de capitales asociado a esta actividad.
